Cárcel a la vista: el gobierno de Maduro descubre los "pranes"

Cuatro décadas denunciando los atropellos contra los prisioneros —en la "Cuarta" y en la "Quinta"— se dicen rápido. Ya en 1985, Humberto Prado promovía la disciplina deportiva en las cárceles, tras quedar él mismo detrás de las rejas. El repentino afán del gobierno de Maduro para (presuntamente) acabar con el reinado de los "pranes" nos llevó a conversar con el fundador del Observatorio de Prisiones, cuyos comunicados han servido como un mapa de lo que jamás debió ocurrir.

—¿A qué atribuye las operaciones especiales que se han hecho (hasta ahora) en cinco cárceles (Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica y Vista Hermosa) desde el 20 de septiembre? ¿Por qué en este momento y no antes?

—En Venezuela hay momentos importantes que se han estado viviendo entre estas fechas: 1. La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentaba su cuarto informe a los medios de comunicación en el que alertó sobre los continuos ataques a la población civil y defensores de derechos humanos en Venezuela. 2. La realización, resultado y proclamación de la ganadora de las elecciones primarias de la oposición. 3. La tercera toma carcelaria de los últimos dos meses fue en la cárcel de Puente Ayala, estado Anzoátegui, el pasado 30 de octubre. El mismo día que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo que suspende los efectos de los resultados de la elección primaria. 4. La celebración de la primera audiencia pública de la Corte Penal Internacional sobre el recurso de apelación del régimen de Maduro contra la decisión de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Humberto Prado: casi una vida entera dedicada a los DDHH de los presos, en los gobiernos de la "Cuarta" o la "Quinta". Foto tomada de Runrun.es

—¿La entrada de piezas relativamente nuevas en el gabinete de Maduro, como Remigio Ceballos (Interior) y Celsa Bautista (Servicios Penitenciarios), ha tenido algún impacto en este presunto cambio de política penitenciaria?

—Hemos observado a una ministra que solo se ve a un lado del ministro Ceballos, aun cuando es el Ministerio de Servicios Penitenciarios quien debe estar frente a estas intervenciones, (con el apoyo) del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, pero vemos todo lo contrario. Esta nueva ministra no declara, se limita a escribir solo por redes sociales, pero sí sabemos que son dos personas que vienen de un mismo componente militar (Armada) y que por el rango Ceballos es superior a ella, por lo que observamos que llevan una misma línea de acción. Lamentablemente el problema penitenciario no es ni militar ni policial, es un problema de política criminal y ambos carecen de experticia. La situación actual no se resuelve con buenas intenciones. Se trata de hombres y mujeres que el único derecho que tienen restringido es la libertad y de manera temporal, pero todos los demás derechos los tienen intactos. No saben diferenciar que el preso es un sujeto de derecho y no un objeto.

«Debe existir una investigación a los responsables del tráfico de armas a esta población reclusa. En nuestras cárceles, la responsabilidad de la seguridad externa la tiene la Guardia Nacional y la seguridad interna la tiene el Ministerio Penitenciario. Las armas y drogas no caen del cielo».

—Generalmente, al menos en las redes sociales, la noción de que los presos tienen derechos humanos no es muy bien valorada. Muchas veces se habla de esta población como de un grupo humano irrecuperable. ¿Pero cree que la "Operación Guaicaipuro" tenga relación con la cercanía de elecciones? ¿En realidad es una operación de imagen?

—Mandela decía: nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Lamentablemente nuestro pais carece de una justicia autónoma e imparcial, y la gran impunidad crea ese tipo de percepciones: que los presos son irrecuperables, que se debe aplicar el ojo por ojo. Pero eso solo nos habla del gran trabajo que debemos seguir haciendo para sensibilizar a la comunidad. Atender a una persona privada de libertad no es un privilegio, es una obligación y deuda que tenemos con ese sector. Cuando tú ves que los funcionarios gritan a cuatro voces que en las cárceles se aplicará máxima disciplina y conducta, te das cuenta de que todo se trata de ignorancia y negligencia. Solo se trata de lavarle el rostro al gobierno de Maduro. Crean un Régimen Penitenciario violando derechos humanos. Han tratado de dar la imagen de que se respetan sus derechos (los de los presos), y que son atendidos, pero la realidad es otra. Aunque han bajado las muertes violentas se han incrementado las muertes por desnutrición, tuberculosis y en los penales escasea la comida que debe ser dada por el Estado. Así mismo han proliferado enfermedades que deben estar erradicadas. Los presos mueren a consecuencia de ellas porque no reciben un tratamiento médico o atención. Aunque traten de dar una imagen de respeto a los DDHH, la realidad es que en las cárceles venezolanas estos se vulneran a diario.

—¿Qué pasa con un familiar cuando el preso es trasladado a un estado lejano a la prisión anterior? ¿Hay algún derecho que ampare a esos familiares?

—El familiar pasa a tener un nuevo problema. Por su situación económica no puede trasladarse a otros estados para visitar a sus seres queridos. Aquellos privados de libertad que no tienen una sentencia firme pasan a ser víctimas de los retardos judiciales, pues no son trasladados a sus audiencias. La ley expresa que los privados de libertad, cuando están siendo procesados por su juez natural, deben estar recluidos en la región donde se lleve su causa, y esto se está vulnerando totalmente. Así mismo los privados de libertad deben estar en contacto con su familia y esto crea un desequilibrio de salud mental grave. Muy grave. No pueden estar incomunicados y con estos traslados causan una desconexión con el familiar.

Al familiar el primer derecho que se le vulnera está establecido en la Constitución y es el derecho a la información. Cuando se han hecho estás tomas de los recintos carcelarios no le ofrecen información alguna al familiar. Ellos se han enterado por los mismos reclusos que buscan la forma de comunicarse. Inclusive tenemos el ejemplo de los fallecidos en penales como Tocorón y Tocuyito donde sabemos que desde el Ministerio no le han notificado a los familiares de la muerte de los privados de libertad.

—¿El sistema penitenciario tiene capacidad para absorber estos traslados que se ha anunciado? ¿Qué cree usted que ocurrirá con los penales desalojados?

—Estamos de acuerdo que se realicen estás intervenciones para desarticular las bandas criminales comandadas por "pranes" y toda su estructura criminal. Pero debieron ser mejor planificadas, porque el ministro habla de traslados temporales, pero vale la pena preguntarse: ¿hasta cuándo es ese traslado temporal? Porque tenemos los casos de cárceles que fueron desalojadas y cerradas como la Penitenciaría General de Venezuela en el estado Guárico, el Cepella en el estado Portuguesa, la cárcel de San Antonio en Margarita, la cárcel de Sabaneta en Maracaibo y el Internado Judicial de San Fernando de Apure, penales en los que indicaron que se realizarían reparaciones, y han pasado años y estos penales continúan cerrados. Debemos preguntarnos ¿están en condición estos penales para ser reestructurados? Los ingenieros deben evaluar si es recuperable la infraestructura, tal cual como está. Son penales que tienen 40, 50 y hasta 70 años de construidos, y totalmente deteriorados. (Se debe evaluar) el sistema de acueductos y la red de cloacas, aguas negras y aguas blancas, si se encuentran en buenas condiciones, para saber si vale la pena arreglar o construir un penal nuevo. ¿Por qué no acondicionaron estos penales que estaban vacíos para estos traslados? Simplemente están trasladando un problema de un penal, creando incomodidad a los internos, a sus familiares, creando más retardo judicial, hacinamiento. ¿Tienen el número de funcionarios para resguardar la seguridad interna, para administración, seguridad, educación, trabajo, deportes o cultura? Te diría responsablemente que no.

—En prácticamente todas las tomas, hubo una negociación previa con los líderes internos. ¿Esto tuvo un aspecto positivo, en el sentido de que se evitó la violencia?

—Estamos de acuerdo que se desarmen los penales y se recuperen estos espacios para una población penal que estaba sometida por un grupo de reclusos. Lo que no estamos de acuerdo es que a estos llamados "pranes" se les libere o libre de la responsabilidad de los actos delictivos cometidos en prisión y fuera de la misma. Los "pranes" deben pagar por sus delitos, al igual que debe existir una investigación a los responsables del tráfico de armas a esta población reclusa. Hay una responsabilidad compartida. En nuestras cárceles, la responsabilidad de la seguridad externa la tiene la Guardia Nacional y la seguridad interna la tiene el Ministerio Penitenciario. Las armas y drogas no caen del cielo.