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Christi Rangel: para recuperar los sueldos, hay que recuperar la institucionalidad económica




Enero es un mes de letargo y propósitos. Pero la conflictividad laboral de los maestros y el resto de los empleados públicos no ha tenido descanso. Y el régimen de Maduro sigue sin cumplir la promesa de recuperar de manera real el poder de compra de los trabajadores, más allá de poner parches con bonos. Aló, Mérida: hablamos con Christi Rangel, economista, profesora ULA y coordinadora en la región andina de la ONG Transparencia Venezuela.


—¿Cuál es la estrategia más factible para recuperar poco a poco el poder adquisitivo?

El mayor desafío es la recuperación de la institucionalidad económica: reestablecimiento de contrapesos a la gestión fiscal; independencia del Banco Central de Venezuela; garantía de derechos de propiedad, acceso a las estadísticas fiscales como el PIB, inflación, empleo, presupuestos y su ejecución, precio de venta del petróleo; rendición de cuentas; que exista un solo presupuesto y que se cumpla, entre otras.


Recuperada la institucionalidad económica, Venezuela podrá volver a tener acceso a la banca multilateral para solicitar financiamiento que contribuya a la recuperación económica y también atraerá inversiones de capital constructivo (distinto a los capitales corrosivos que suelen venir de países autoritarios y que buscan profundizar debilidades institucionales y capturar el Estado). El aumento de la productividad permitirá acceso a mayores recursos para la recuperación del poder adquisitivo.


—Venezuela perdió (o dejó perder) una gran porción de sus ingresos petroleros, pero otros países de la región son pobres y no tienen un poder adquisitivo tan absurdamente bajo.


¿Por qué esto no ocurre en otros países de bajos ingresos de la región? Primero, por la indisciplina fiscal. Esto es: que el Ejecutivo nacional haya gastado mucho más allá de la disponibilidad de los ingresos públicos por muchos años. Comprometió la sostenibilidad fiscal, forzó un endeudamiento inmenso y la monetización del déficit como práctica recurrente, situación que envileció el bolívar y conllevó a la hiperinflación.


La hiperinflación destruyó el poder adquisitivo de los salarios. A esto se sumó la caída de la producción por la gran corrupción, en la que participan autoridades del más alto nivel y que ha permeado todas las esferas de la gestión como nunca antes en la historia del país, y las ineficientes políticas económicas y sociales.


Hiperinflación, junto a la profunda recesión, cierre de mercados internacionales, desconfianza de los inversionistas, sumado a tener aliados internacionales que han provocado efectos corrosivos —profundizando las debilidades institucionales, participando en la corrupción y sacando provecho de las asimetrías del mercado— explican en buena medida la situación actual. En ningún país de la región confluyen todos estos males.

—¿Le parece justificada la explicación que da Diosdado Cabello este lunes, acerca de que no es posible aumentar los sueldos debido a las sanciones?

—No. Este discurso pretende responsabilizar de la debacle económica y social a las sanciones que comenzaron a aplicarse al gobierno en agosto de 2017. Antes de ello ya teníamos una emergencia humanitaria compleja, una profunda caída en la actividad económica, quiebra de empresas del Estado, un riesgo país muy alto que cerraba mercados financieros (véase Sanciones interncionales: ¿origen o fin de la crisis?).


Considérese que aliados como China y Rusia dejaron de prestar dinero a Venezuela desde 2016 el primero y desde 2017 el segundo, entonces esto no tiene que ver con sanciones sino con la desconfianza en la capacidad de pago de compromisos. La crisis económica y social se explica en buena medida por los problemas descritos en las preguntas anteriores.


En mi opinión, si al gobierno le importara brindar educación y salud de calidad focalizaría los pocos recursos públicos disponibles en estos sectores; disminuiría su estructura de 32 ministerios y otros 12 órganos del poder nacional; más de 100 viceministerios, más de 600 empresas del Estado, la nómina del sector castrense que según el Presupuesto filtrado de 2023 es de 4,4 millones de trabajadores; invertiría en tecnologías digitales para disminuir costos en la prestación de servicios y en trámites; eliminaría la entrega masiva de bonos pírricos y focalizaría la atención en la población más vulnerable; no gastaría ni un dolar en armamento. Es decir, aplicaría medidas para hacer más eficiente el gasto.


Pero esto no es de interés de un gobierno que quiere imponer control social y político y que ha cedido en el control económico no por gusto sino porque no ha tenido más remedio. Recordemos también que el gobierno ha creado centros "de formación ideológica" adscritos a los ministerios de Educación y Educación Universitaria (misión Sucre), con lo cual se destinan recursos de la educación a intereses político partidistas. Aquí también hay una explicación del por qué el dinero no alcanza.

—¿Habría inflación como consecuencia de unos sueldos más justos?


—No, si se reestablecen los equilibrios macrofiscales: disminuye el déficit fiscal, se hace eficiente el gasto, se reestructura la deuda, se garantiza transparencia y seguridad jurídica para brindar confianza a inversores. Esto aumentaría la producción y mejoraría la recaudación tributaria. Hay también mucho que decir respecto a lo perverso que es el sistema de recaudación tributaria actual, que tiene estímulos perversos contra las actividades económicas formales y castiga a los que son más eficientes, impone un costo muy elevado a productores y esto puede tener incidencia en los salarios del sector privado.

—¿Qué papel podría jugar el sector privado para encontrar una solución al bajísimo poder adquisitivo?


—Empresas y organizaciones civiles deben presionar a favor del fortalecimiento institucional, de exigencia de transparencia fiscal (disponibilidad de todos los documentos presupuestarios para ejercer control), rendición de cuentas, participar en debates informados sobre la forma como el gobierno obtiene recursos y los gasta; aplicar prácticas de integridad internas y resistirse a la tentación de participar en políticas de privilegios en su relación con el Estado que tanto daño causan.


Por otro lado, en cuanto al sector educación, considero que debe haber corresponsabilidad dado que el Estado no se está ocupando de que se brinde educación de calidad: padres, organizaciones y empresas podrían contribuir al financiamiento de instituciones de educación, como de hecho ocurre en la práctica ahora mismo. El problema es que en los estratos de más bajos recursos estas opciones encuentran más obstáculos.

—Mientras, tenemos un mercado cambiario inestable con dos tasas. Una presuntamente "criminal" y estimulada por la inflación. Otra la oficial, que sube y no está muy alejada de la otra. ¿Usted tiene alguna explicación para esto último? A su juicio, ¿cuál sería la política cambiaria más adecuada en este momento?


—Que el dolar oficial no se distancie del paralelo demuestra la flexilización de la política de férreo control cambiario que provocó inmensos diferenciales hace años. Esta flexibilidad es buena, sin embargo, no termina de ser una política integral.


El "dolar criminal" es una expresión del discurso oficialista que evade sin pudor su responsabilidad, está acostumbrado a hacerlo desde hace años y en este tema lamentablemente los empresarios son los chivos expiatorios habituales.


La estabilidad cambiaria no está aislada de políticas fiscales serias (formulación, ejecución y seguimiento al presupuesto), de una política monetaria independiente de los intereses partidistas y de permanencia en el poder del Ejecutivo, comprometida con la estabilidad interna y externa de la moneda; y no es independiente de una administración pública responsable, eficiente, transparente, que esté en sintonía con los pilares de gobierno abierto, paradigma de gestión que fomenta relaciones entre el Estado y la sociedad equilibradas, en las que hay colaboración y confianza.


La recuperación de la confianza en el bolívar será posible si el gobierno se abre a todos los agentes económicos, demuestra cuáles serán sus objetivos, políticas, instrumentos de actuación, estadísticas. Por ejemplo, ¿cuánto ha significado en términos de ingresos públicos la eliminación parcial del subsidio al combustible, los ajustes de tasas en registros y notarías, por documentos de identidad, las regalías por oro, carbón, coltán? ¿Cuánto ingresa por la venta del crudo sancionado a diario? La excusa no son las sanciones porque los documentos presupuestarios dejaron de publicarse en 2017 y las sanciones a PDVSA se impusieron en 2019.

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