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Si hay algo por lo que no se caracteriza el régimen, es por su creatividad. La persecución a las ONG que arrecia en países como Nicaragua es el sueño de una buena dictadura: control, criminalización y un borrón del mapa a todo aquel que se atreva a defender los DDHH. Eso es lo que preocupa a la sociedad civil y lo que Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, ve venir con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que impulsa la AN chavista:
–¿Qué es lo que más preocupa del proyecto de Ley de Cooperación Internacional?
–La ley tiene varios problemas. El primero de ellos es la exposición de motivos, que es todo lo que antecede al articulado, que cuando tú la lees te encuentras con una furiosa proclama política que revela las intenciones de la ley. El articulado no puede entenderse sin uno comprender el espíritu que la motiva y está presente. Por ejemplo, al Grupo de Lima se le calificaba como el “Cartel de Lima” y se habla que la cooperación internacional ha venido siendo usada con fines desestabilizadores. Yo creo que eso revela cuál es la intención de la normativa.
En segundo lugar, este proyecto de ley crea un fondo y, ese fondo, es una herencia del primer proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se presentó en 2005, donde se dice que las autoridades van a centralizar todos los recursos de la cooperación internacional y van a ser las autoridades quienes la van a distribuir de acuerdo a las prioridades que el gobierno decida. Esto, por supuesto, en la práctica real, va a generar una situación de discriminación, además de uso político de estos recursos.
Pero lo más grave no es eso, sino que al Estado venezolano y a las autoridades cuestionadas por violaciones a derechos humanos, las agencias de cooperación no le van a poner los fondos para realizar trabajos de desarrollo en materia de DDHH. Eso lo que va a tener como consecuencia es que los recursos provenientes de la cooperación van a disminuir de manera importante a partir de la aprobación de esta ley, y eso va a ocurrir precisamente en un momento de grandes necesidades de la población, en una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia.
Luego hay otro problema, vinculado a este fondo, que es el registro. A las organizaciones se nos está obligando a inscribirnos en algo que se llama Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No Gubernamentales. Aquí, la única interpretación que hay que hacer es a las ONG se nos está imponiendo sacarnos el Carnet de la Patria para poder acceder a los fondos de ese fondo centralizado por el gobierno. Entonces yo creo que la población entiende claramente lo que significa el uso del carnet como control social y discriminar.
El tercer problema tiene que ver con los artículos 25 y 26, donde se habla de prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente a todas aquellas ONG que de manera directa o indirecta promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Este es un articulado de aplicación muy arbitraria. Es el anuncio de que se va a seguir el mal ejemplo de Nicaragua para usar una ley como un argumento legalista para neutralizar a las organizaciones independientes en Venezuela.
–¿En qué cambiaría la criminalización a las ONG en relación a las que ya ha habido antes de este proyecto?
–En general, la estrategia de un gobierno como este contra la sociedad civil independiente tiene dos grandes objetivos: el primero, erosionar la legitimidad de los actores o las organizaciones, y eso lo logras mediante estas campañas de criminalización a través de los medios públicos. Eso lo que hace es generar la sospecha por parte de un sector de la sociedad y de potenciales beneficiarios, para que no se acerquen a esas organizaciones y crean que su agenda no es clara, no es transparente y responden a otros intereses. Pero de manera paralela está la disminución de la eficacia con la cual el trabajo de las organizaciones se realiza.
Esta disminución de la eficacia, en regímenes como el de Venezuela, Rusia, Turquía o Nicaragua, es a través de normativas que restringen el trabajo de las organizaciones de DDHH. Hay que emplear mucha energía para saltar esa traba y seguir trabajando. No es que esté cambiando la política de criminalización, sino que se está refinando a acoplar esa permanente campaña de desprestigio que ya existe, con leyes que van a restringir el trabajo de las organizaciones. Esta es la ley que de manera más abierta intentaría impedir el trabajo de los defensores de DDHH en Venezuela.
–En Nicaragua, por ejemplo, hay una Ley similar conocida como la “Ley Putin” que también ha sido denunciada como una forma de criminalización. ¿Es comparable con lo que se pretende hacer en Venezuela?
–Sí, absolutamente. Nosotros creemos que el mal ejemplo que se está siguiendo es el de Daniel Ortega en Nicaragua, donde se han ilegalizado más de 200 organizaciones de la sociedad civil, muchos han tenido que irse al exilio y hay una gran cantidad de presos políticos provenientes de la sociedad civil. Esta situación ha ocurrido sin un mayor costo político para el gobierno de Daniel Ortega. Es cierto que el gobierno de EEUU ha iniciado sanciones contra ese país y la Unión Europea también lo ha rechazado, pero Ortega sigue estando allí y los activistas tienen que hacer muchos esfuerzos para poner a Nicaragua en los titulares de la prensa internacional.
Ese es el ejemplo que aquí se quiere seguir porque, efectivamente, esa ley es la que sirvió como excusa legalista para darle un barniz legal a todo este proceso de ilegalización contra las organizaciones. Quizás hace 40 años atrás, en la época de las dictaduras militares, cuando no había redes sociales y los medios de comunicación estaban muy centralizados, era muy posible entrar con un tanque a una organización de DDHH si la querías acabar. Y eso, si no se conocía, iba a lograr el objetivo con un costo político menor.
Hoy en día, con redes sociales y los medios, no es posible que un comando de la policía ataque a una organización y se lleven presos a todos sus integrantes. Tienen que refinar los mecanismos de persecución e intentar tener el menor costo posible. Eso es lo que se intenta hacer en Venezuela. Además, ocurre en un contexto en el que el gobierno siente que puede avanzar debido a las denuncias de corrupción que existen en la clase política en los partidos de oposición y, por otro lado, una situación de empobrecimiento general de la población. Estos discursos de que alguien se está enriqueciendo por tus necesidades o problemas, tienen mucha acogida en momentos de tantas inequidades.
–¿Cuál es la diferencia ahora en relación a otros años en los que el oficialismo también ha intentado impulsar el proyecto?
Efectivamente este proyecto de ley es una herencia del primer intento en 2005. En ese momento se detuvo, se congeló, porque el cuerpo diplomático presente en Venezuela fue muy firme en decirle a las autoridades que si esa ley se aprobaba, no se iban a destinar recursos a la cooperación y el desarrollo de los DDHH. Tengo que decir que el Estado es el que recibe una importante cantidad de recursos por esa vía. De hecho, es el mayor receptor: recibe mucho más de lo que recibimos las organizaciones sociales y de DDHH. Ya en ese primer proyecto estaba la propuesta de crear un fondo centralizado.
Luego se le ha incorporado como novedad el registro y, finalmente, el artículo que habla explícitamente de las sanciones y que no existía en 2005. Este es un proyecto mucho más refinado. Es una evolución de esa primera propuesta, con diferencias y continuidades, pero creo que responde a una misma política anunciada por el propio Hugo Chávez en 2004: a las organizaciones de DDHH hay que atacarlas por el dinero que reciben. A partir de ahí, comenzó una línea sistemática de ataques, teniendo a los recursos como el centro de las descalificaciones por parte del Ejecutivo.
–¿Qué deben hacer las ONG ante la posibilidad de que el gobierno formalice la ley?
Si para Nicolás Maduro, Daniel Ortega es un referente, para nosotros, las organizaciones venezolanas, lo que han hecho nuestros colegas nicaragüenses también es un ejemplo a seguir. Ellos se han mantenido en el país contra viento y marea. Muchos han salido, han tenido que hacerlo por la persecución, pero todavía dentro de Nicaragua se mantienen trabajando a pesar de que sus equipos estén confiscados por el gobierno. Eso para nosotros es un ejemplo.
Nosotros vamos a denunciar en todas las instancias este proyecto, insistiremos que es un ejemplo de la poca voluntad real que existe en las autoridades para el respeto de los DDHH. Que esto está de espaldas a los compromisos asumidos por las autoridades ante el Alto Comisionado de la ONU y la CPI. Y, además, es una muestra de que el único mecanismo de contención que tienen las autoridades en este momento es precisamente esa mirada atenta de estos organismos internacionales.
Lo que se quiere es intentar invisibilizar las denuncias matando al mensajero, pero estamos comprometidos a continuar en el país, trabajando bajo cualquier circunstancia por la defensa de los derechos de los venezolanos, precisamente en el momento en que más se necesitan manos solidarias.
**Esta entrevista fue realizada el 10 de mayo de 2022, tras conocerse un borrador de la Ley de Cooperación Internacional.