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El 12/05/2022, Nicolás Maduro anunció la salida al mercado de valores de un pequeño grupo de acciones de Cantv, Movilnet y otras empresas estatales. Para la mañana del 19/05/2022, aún esperábamos tono
En un giro no tan esperado del guión de demolición estatizadora que sigue el país desde 1999, Maduro anunció la inminente venta en la bolsa local de valores de un pequeño grupo de acciones (no más de 10%) de un número no determinado de empresas públicas, entre ellas Cantv, Movilnet, petroquímicas o las básicas de Guayana (ocurrió el 12/05/2022). Al menos hasta el 18/05/2022, este anuncio había quedado en pura bulla. Aunque todavía no había hechos concretos, ese día el Budare conversó sobre esta presunta intención de apertura con Luis Alfonso Herrera, filósofo y abogado, experto en procesos de privatización, venezolano en Chile, profesor de UCV, UCAB y Universidad Autónoma de Chile e investigador de Cedice.
¿Es correcto el término “privatización” para este anuncio?
De ninguna forma se trata de una privatización. No hay transferencia de titularidad sobre las empresas estatales cuyas acciones se están ofreciendo en la bolsa de valores. Tampoco se busca generar competencia, diversificación de la economía en los mercados en que operan esas empresas ni consolidar derechos de propiedad en privados, sean nacionales o extranjeros. Podría pensarse que esto es un reconocimiento del fracaso de la planificación socialista de la economía que desde el inicio ha aplicado el régimen chavista. Pero estimo que es una lectura superficial. Los colectivistas no se rigen por la lógica formal, ni efectúan reconocimiento alguno de sus errores. De hecho, siguen la máxima de “en el paraíso no hay crímenes”, o errores. También es ingenuo asumir que es un signo de apertura, de posible flexibilización de esa planificación central. Si se observa tanto la historia de la URSS como de la Cuba castrista, se observan diferentes períodos en ambos casos, llamados “especiales”, en los que por razones estratégicas, esos regímenes colectivistas dan señales de “apertura”, que en realidad no buscan eso, sino dar algo de oxígeno económico a la tiranía, para lograr ingresos extras a los que pueda tener, o son señales de alguna negociación que desarrolla “tras bastidores” con actores internacionales, como ocurre ahora en el caso del supuesto diálogo político en México y la ya cumplida promesa del gobierno de EEUU de aliviar o levantar del todo las sanciones al régimen usurpador de Nicolás Maduro. Importante: el socialismo colectivista, mientras tenga poder, nunca adoptará ninguna política que genere autonomía, libertad y, por tanto, pérdida de hegemonía formal o informal (corrupción, negocios ilícitos) sobre las personas a quienes oprime. Es un hecho histórico esta afirmación.
Tras 23 años de estatización, ¿qué moraleja extraes de este anuncio?
La moraleja que extraigo es que el socialismo colectivista nunca dudará, en ninguna parte del mundo, en utilizar las medidas que sean indispensables para mantenerse en el poder y prolongar su hegemonía política en el territorio en que opere, así se trate de medidas que, en apariencia, sean contradictorias con sus verdades “sagradas”. Y digo en apariencia, porque en realidad ni en la URSS, ni en Cuba ni ahora en Venezuela, esas supuestas medidas de liberalización, apertura o, peor aún, privatización, buscan o servirán para generar una progresiva separación del poder político y los derechos de propiedad (poder económico), para aumentar la productividad, empleabilidad y autonomía de las personas, fortalecer su ciudadanía y libertad en general. Como indiqué, son acciones estratégicas, incluso tácticas, en parte para la grada, para confundir, alentar, distraer a las personas que sobreviven a duras penas o que esperan con ansiedad vías para que la situación mejore, pero que, en el fondo, solo sirven para darse oxígeno o para negociar cosas que no se ven.
¿En Latinoamérica estamos condenados a ciclos periódicos de estatización y privatización de empresas?
Muy buena pregunta. Sí, pienso que seguiremos condenados en Venezuela e Hispanoamérica, al parecer también en Brasil, a hundirnos en el atraso, el subdesarrollo, la pobreza y la servidumbre, en un péndulo interminable entre estatismo radical y ciertos momentos de libertad económica, mientras no haya un cambio en las ideas dominantes en nuestros países. Es decir, mientras las personas en general, pero sobre todas las élites políticas, académicas, mediáticas, empresariales y jurídicas —los abogados somos en gran medida responsables del atraso institucional de nuestro país—, no entiendan que la economía de mercado es la única vía para el progreso en libertad, junto a la democracia liberal y el Estado de derecho, será imposible salir de ese ciclo. Eso lo han entendido los alemanes, los países escandinavos, Israel, varios países de Asia como Japón y Corea del Sur, Irlanda y no pocos países de la ex URSS y de Europa del Este, estos últimos víctimas de la cortina de hierro. No es imposible, pero demanda un liderazgo político guiado por la verdad y la honestidad, esfuerzo, paciencia, imaginación política, consensos amplios, apostar por la libertad en lugar del paternalismo populista, y mucho, mucho trabajo, para producir riqueza (bienes y servicios, no dinero).
¿Por qué se anunció Cantv de primerita?
Es difícil saber por qué específicamente esas empresas estatales y no otras. Puede ser por el sector de la economía en que operen, por la menor incidencia que las sanciones —que se mantengan— tengan sobre ellas, por el interés en los posibles “compradores” de las acciones en esas empresas para así estar presente desde ya en esa actividad económica, etc. Sobre esos compradores vale indicar que es muy probable que se trate de empresas estatales o “privadas” provenientes de regímenes autoritarios, a las que no hacen falta las garantías del estado de derecho o la vigencia de acuerdos de protección de inversiones, ya que su garantía son los intereses no democráticos en común. Es posible que también “empresarios leales” al régimen tengan alguna participación, a fin de mostrar que supuestamente el régimen está a favor de la propiedad privada y la “democratización” entre los venezolanos. Dudo mucho que la finalidad sea la reactivación o mejoramiento de los servicios o de la producción que se genera en ellas actualmente, por lo dicho en mi respuesta inicial.
¿Qué papel jugará la Bolsa de Valores de Caracas en este presunto proceso?
La Bolsa de Caracas, como cualquier institución privada o mixta que opere en Venezuela, está sujeta a lo que el régimen le exija o imponga hacer. Ni puede negarse, y tampoco podrá exigir formalmente, en cuanto información, datos que el régimen chavista no esté dispuesto a entregar. No es un proceso transparente. No está sujeto a procedimientos democráticos de rendición de cuentas, control parlamentario, etc., ni mucho menos a un poder judicial independiente. Desde luego, no dudo que los directivos y asesores de la Bolsa lo vean como una oportunidad para generar algunas transacciones, alguna utilidad para la institución y para participantes de las ofertas que se hagan, y que eso despierte algún entusiasmo. Ahora bien, de allí a considerar que ofrecer esas acciones de empresas estatales pueda impulsar una dinámica de atracción económica, que la Bolsa de Caracas adquiera importancia en la región, etc., lo dudo muchísimo, pues Venezuela no es un destino que genere confianza a inversiones lícitas, y solo atrae a otros regímenes autoritarios o a capitales corrosivos, de origen ilícito o dispuestos a cometer ilícitos. De hecho, como lo afirma Miguel Fontán, todo apunta a que está en marcha la consolidación de una modalidad de “capitalismo totalitario”, no necesariamente copiado del modelo ruso o chino, pero sí fuertemente inspirado en ellos. Eso se detendrá y cambiará solo con un retorno a la democracia liberal, al Estado de derecho y cuando, como lo lograron algunos países de Europa del Este, se adopte de forma estable en Venezuela la economía de mercado.
Entonces: ¿qué hay detrás de este anuncio?
Es muy difícil identificar los fines reales de un régimen autoritario. Tienen siempre la capacidad, a través de la propaganda y la represión, de ocultarlos y actuar así con impunidad. En este caso, esa finalidad no es ni devolver activos que naturalmente deben estar en manos de privados, ni generar competencia, menos aún diversificar la economía. Cabe, pues, presumir, que los fines pueden ser 1) entregar una señal de "flexibilidad" a contrapartes en alguna negociación mayor, 2) buscar algún "resquicio legal" para facilitar la llegada de recursos o inversiones de dudosa legalidad, sin tener que entregar públicamente mayor información, 3) cumplir con socios autoritarios compromisos pendientes, 5) contribuir en lo interno a ese falaz clima de recuperación económica y reducir aún más los incentivos para oponerse y combatir la permanencia del régimen autoritario, 6) en menor medida, al menos en lo que respecta a recursos lícitos, obtener algunos ingresos adicionales, divisas, pero seguramente el incentivo mayor podrían ser los recursos ilícitos (lavado, legitimación, etc) que pueda obtener, y 7) el más nefasto de todos, confundir, engañar y embaucar a las personas, dentro de Venezuela sobre todo, para que en particular desde sectores no chavistas cuestionen las medidas por "neoliberales, capitalistas o de derecha", lo que ayuda a la narrativa socialista colectivista real del régimen, que identifica esas vías como las peores para la gente. ¿Qué tienen en común esos fines? Que todos benefician al régimen, en alguna medida quizá a parte del sector económico, de valores, del país, y ninguno a las personas comunes en Venezuela.