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Fieles atienden a una misa en el barrio de Petare, en Caracas. (Foto por Yuri Cortez/AFP/Getty Images)
La investigación publicada por The Washington Post dejó en evidencia los casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Varios de ellos, miembros que son condenados, pero solo a veces pisan una celda y terminan saliendo para dar la bendición como si nada. Hablamos con Ana Vanessa Herrero, la periodista detrás del reportaje, para seguir escudriñando en un tema que no debe pasar desapercibido.
–Según la investigación, las omisiones provienen tanto del Estado como de la Iglesia. ¿Y en las comunidades en donde ocurren las denuncias? ¿Siguen reconociendo a los sacerdotes acusados?
–Depende del caso de cada comunidad. En el caso de Luis Mosquera, que fue el sacerdote acusado y condenado a siete años de prisión en 2006 por el abuso de un niño de seis años, cuando se supo, la comunidad estuvo alerta y se hizo presente. De hecho, hubo una gran protesta. La policía tuvo que intervenir porque temía por la integridad del sacerdote y fue llevado luego a custodia. En ese caso, la comunidad estaba indignada y pedía justicia.
Pero hay casos como el de Anzoátegui, donde el sacerdote Enrique Castro confesó haber abusado de dos niños. Fue sentenciado a cinco años de cárcel, pero la familia que lo acusó y por la que se logra esta condena, tuvo que mudarse del estado porque estaba siendo acosada por miembros de la iglesia de la parroquia y, según ellos, por personas de la comunidad. Se mudaron de casa, vendieron lo que tenían, ahora están viviendo en otra localidad y desde ahí tenían que trasladarse a las audiencias.
–Los casos de sacerdotes condenados que vuelven al ministerio es quizás lo que más sorprende de la investigación. ¿Pero qué pasa con aquellos que ni siquiera llegan a un tribunal? ¿Mueren en el olvido?
–Depende. Hay muchos sobrevivientes que no quieren hablar, que han sido amenazados primero o pueden sentir que están solos. También hay víctimas que consideran que hicieron algo que dio pie a ello. Entonces, el romper la barrera de ese temor que, por lo general, es el perpetrador el que lo dice, ahí es cuando el caso puede cobrar vida. Ahora, hay denuncias que si no van directamente a lo civil, van a la Iglesia Católica. Estas denuncias deberían ser recibidas por las distintas Diócesis en cada sector y deberían ser procesadas con urgencia. Hay familias que nos indicaron que este no era el caso, que era muy lento el proceso y las personas, aparte de haber vivido el trauma y ser revictimizadas por la iglesia, sencillamente prefieren dejarlo así.
Hay otros que se van del país y quieren olvidar esto, pero siempre es un pesar en cada persona. Al menos con quienes hemos conversado, hablando en grupos de apoyo o terapias en otros países, consiguen un respiro que antes les faltaba. Hay un caso emblemático en este sentido, que es el de José Leonardo Araujo, quien fue abusado por un sacerdote mexicano en Venezuela. Él denuncia al sacerdote y el caso ya había prescrito, así que muere en lo civil. Y hace la denuncia por la parte eclesiástica. El Cardenal Baltazar Porras recoge la denuncia, encomienda una investigación y ésta arroja que no hay elementos suficientes de pruebas como para seguir la investigación. Ahí, para una persona que ya lleva años arrastrando esto, imagínate lo difícil que puede llegar a ser tener que escuchar que tu caso fue obviado por unos tecnicismos.
Sin embargo, José Leonardo consiguió un apoyo grandísimo en una comunidad de sobrevivientes en México y fue para allá. Siguió su proceso exactamente como lo hizo en Venezuela. Allá, menos de un año después, el sacerdote fue encontrado culpable y expulsado del sacerdocio. En México se resuelve un caso que pudo haberse resuelto en Venezuela.
–¿Cuál es la respuesta que, según sus normativas, debería dar la Iglesia en estos casos?
–Lo que sucedió ayer en la rueda de prensa con la Conferencia Episcopal fue bastante peculiar. La rueda de prensa estaba diseñada para abordar el protocolo, los pasos a seguir de una víctima para poder denunciar, qué y cómo hacerlo. La verdad es que sigue sin conocerse bien cuáles son los pasos, más allá de que la persona debe acudir a la Diócesis correspondiente donde se comete el crimen.
–¿Esta medida se corresponde con la respuesta que exigieron hace unos días más de 60 ONG?
–Esto responde a una serie de cosas: a las denuncias, a la presión ejercida por las ONG, por miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y también por personas incluso dentro de la Iglesia que estaban exigiendo una respuesta a raíz que se pone sobre la mesa el tema. Lo que sí dijo el monseñor Moronta es que se constituyó una comisión de prevención que al parecer ya está conformada por obispos, presbíteros, religiosos y, siguiendo sus palabras, “fieles laicos expertos en la materia”. No dio más detalles, no dijo quiénes eran, ni cómo iban a actuar. Otra cosa que sorprendió fue que no pudieron dar la cifra de casos que manejan en Venezuela. El monseñor Moronta asegura que es para proteger a las víctimas, pero no se estaba pidiendo que se devele el nombre de la víctima, sino saber de qué proporciones estamos hablando.
Yo conversé con Víctor Hernández, quien era muy cercano a la iglesia y dijo haber sido abusado por un sacerdote cuando era joven. Él me decía que ellos (la iglesia) evitan la pregunta porque no tienen la respuesta. No se han sentado a realizar este trabajo de unificación. En efecto, el monseñor Moronta lo que dijo es que cada Diócesis se encarga de sus casos y ninguna tiene que ver con otra. Habiendo hablado con más de una treintena de víctimas, una de las cosas que más me comentaban era que estaban esperando, al menos, que pidieran perdón. Y aquí no hubo una disculpa por parte de la Iglesia Católica.