Vladimir Aguilar: "El compromiso mayor debe ser la paralización del Arco Minero del Orinoco"

El plan de desalojo de mineros del Parque Nacional Yapacana derivó en violencia y víctimas fatales la semana pasada | Foto: ONG Kapé Kapé

El Parque Nacional Yapacana ha sido escenario de fuertes enfrentamientos por la min+ería ilegal desaforada que beneficia a pocos y daña a muchos. Para la Masa de ayer #19Sep conversamos con dos personas que conocen la situación: una de ellas es Vladimir Aguilar Castro, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la ULA, cuya entrevista exclusiva publicamos íntegra aquí.

—Arepita: Se expulsaron a 9.000 depredadores ambientales o más, pero ¿cómo entraron ahí antes? ¿Qué actores están jugando aquí exactamente en este lugar y qué intereses tiene cada uno?

—Vladimir Aguilar: Lamentablemente la minería (a pequeña escala) se practicaba en el Yapacana antes de su declaratoria como área bajo régimen de administración especial. Evidentemente con la expansión de la frontera extractivista mediante actividades hidrocarburíferas y de minería ilegal, la situación en el Yapacana, al igual que en el resto de áreas protegidas y territorios indígenas al sur del Orinoco, se ha vuelto más compleja.

Vladimir Aguilar, abogado, politólogo y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de ULA

—¿Hay un gobierno poniendo orden en un parque nacional invadido o una población civil indefensa ante un régimen autoritario con intereses económicos en la zona? ¿A qué se parece más esto? ¿Hay espacio para matices?

—Es un poco de todo. La vuelta del Estado venezolano a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y los últimos acuerdos alcanzados en la Cumbre de Belén do Para obligan al gobierno a enviar mensajes de compromiso ambiental en una región amenazada por el extractivismo. No obstante, el compromiso mayor, si de verdad el Estado venezolano quiere ser fiel a lo firmado en Brasil, debe ser la paralización del plan del Arco Minero del Orinoco y la inmediata titulación de los territorios indígenas. Solo así habría un mensaje serio y real (con respecto) a lo firmado en la última cumbre ambiental en Brasil.

—¿Los indígenas están metidos también en la minería ilegal? En caso de que sí, ¿por qué razones?

—Algunas comunidades indígenas han practicado la minería artesanal. La expansión de la frontera extractivista ha transversalizado a algunas comunidades indígenas. Es imposible pretender pensar que un modelo de acumulación energética a escala global próximo a cumplir 200 años en el 2030, cuya historia en el país es de casi 160 años, no transversalice a algunas comunidades indígenas estando sus tierras encima de los recursos fósiles. Esa es precisamente la deriva en la que se encuentra la crisis humanitaria compleja del país, la cual es esencialmente ecológica, histórica, estructural y sobre todo cultural. A pesar de ello, las comunidades indígenas que practican la minería son una minoría. La mayoría depende de la despensa amazónica, es decir, esas fuentes de vida (bosque, agua y oxígeno) que les provee el bosque amazónico.

—Además de la minería, ¿qué otros negocios ilícitos se desarrollan en Yapacana?

—Otros vinculados al capital transnacional, que gira en torno a las tierras raras y a otros negocios ilícitos. Las transnacionales del extractivismo hacen parte de lo que Alain Badiou ha definido como las zonas periféricas del capital financiero, cuya consecuencia principal es la desestructuración del Estado-Nación.

—Antes de ser mina, Yapacana era y sigue siendo un Parque Nacional. ¿Cuáles son los efectos de estas actividades en el ecosistema? ¿Qué especies se ven amenazadas?

—El PN Yapacana se decretó, como la mayor parte de las áreas protegidas del país, sin consulta alguna a las comunidades indígenas. Por eso hoy urge la adecuación de estas a la evolución de los derechos indígenas y de la naturaleza que forman parte del nuevo catálogo de derechos fundamentales. El caso del Yasuní en el Ecuador debe ser un buen ejemplo para que el país se ponga a tono con las nuevas tendencias en materia de salvaguarda y protección de derechos humanos. La tutela de una doble condición de área protegida y territorio indígena es un desafío pendiente en el país. Los primeros pasos de esto se están comenzando a visualizar en el Parque Nacional Canaima en los acuerdos de coadministración del parque entre el Instituto Nacional de Parques (Inparques) y la comunidad indígena Pemón Kamarakoto del Sector II.